El delito urbanístico del 319.2 CP para construcciones llevadas a cabo en Juntas de Compensación

Recientemente, se me ha planteado un caso en el que tenía que defender a una persona acusada de un delito contra la Ordenación del Territorio (artículo 319.2 CP) por reconstruir su vivienda en una urbanización ilegal en la que se está llevando a cabo un Junta de Compensación para desarrollar un Plan de Ordenacióndel año 89. El Fiscal pedía una pena de 1 año y 6 meses y la demolición de la vivienda cuando en unos pocos meses, dicha vivienda podría ser autorizable. Ante esta situación los argumentos como defensa fueron los siguientes:

  1. En la medida que en nuestro caso, el Ordenamiento Jurídico permite la legalización a posteriori de las construcciones realizadas, y en base al principio de intervención mínima del Ordenamiento Penal, entendemos que debe reservarse el carácter de delito para aquellos supuestos en que no sea posible legalizar la construcción realizada sin autorización.
  2. A mayor abundamiento, la retroactividad de la norma más beneficiosa, se convierte en principio general del derecho sancionador en materia urbanística. En este sentido tenemos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 13 de julio de 1998 que interpreto que al redactar el artículo 319.2 CP por “no autorizable” debe entenderse no solo lo que no está permitido, sino lo que en un futuro estará no permitido y no autorizado. Debe reservarse la sanción penal, dado el carácter fragmentario del Derecho penal y el principio de intervención mínima, para infracciones urbanísticas graves y escandalosas sin lugar a una subsanación posterior. Se absuelve al acusado en este caso, por un delito del 319 CP.
  3. Por edificación no autorizable se entiende aquella construcción que se realiza en un lugar prohibido, no pudiendo ser legalizable de acuerdo con la normativa urbanística. En el caso que nos ocupa, la modificación de la clasificación del suelo es inminente. Una de las consecuencias del principio de unidad del Ordenamiento Jurídico es la imposibilidad de prohibir penalmente conductas que se hallen permitidas en otros ámbitos del mismo.
  4. Por último, la falta o defecto en la concesión de la licencia no puede dar lugar a un castigo penal, ya que si analizamos el bien jurídico protegido del delito contra la Ordenación del Territorio, nos estamos refiriendo a los valores de racionalización del suelo orientado a los intereses generales y no a la contrariedad o el ataque a las prescripciones administrativas que regulan la materia urbanismo. En nuestro caso no podemos olvidar que ya existía la construcción pero es que además las obras llevadas a cabo en todo caso son susceptibles de legalización posterior, por lo tanto no puede conceptuarse como delictiva, ya que de esta forma se puede llegar al absurdo al pensar que se puede configurar una conducta penal por la simple falta de requisito administrativo de la obtención de licencia.
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