El delito de blanqueo de capitales y la vulneración de los Principios generales del Derecho Penal

Casos como los del señor Bárcenas o del propio Iñaqui Urdangarin, son posibles gracias a la eficacia que se esta obteniendo en la lucha contra el fraude. Pero, ¿Por qué es esto posible? ¿Qué ha cambiado para que en estos últimos años se estén llevando a cabo operaciones tan importantes?. Sin restar importancia al eficaz trabajo de los agentes del orden público,  soy de los que opinan que los resultados llegan cuando se dota al sistema de herramientas apropiadas para conseguir los objetivos, en este caso una regulación normativa que tenga claro los fines que se pretenden conseguir.

El problema que me planteo es que para mi “el fin no justifica los medios” y las normas que se están legislando para prevenir la corrupción, muchas veces llevan consigo una pérdida de garantías. La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificó la LO 10/1995 del Código Penal, y más concretamente en lo que se refiere a su artículo 301 del delito de blanqueo de capitales, es un ejemplo de ello. Esta Ley introdujo importantes aspectos en el delito de blanqueo de capitales:

  1. Amplio el elenco de conductas punibles al admitir la mera tenencia o uso de bienes procedentes de una actividad delictiva
  2. Y posibilito la condena simultánea por un mismo hecho al admitir definitivamente el autoblanqueo.

 

Esto supuso, ni más y ni menos, que vulnerar principios generales del Derecho Penal, admitidos por todos, como son:

  • La mera tenencia o posesión pasa de ser un acto preparatorio a la categoría de delito consumado
  • La inversión de la carga de la prueba corresponde al sujeto que presuntamente comete el delito, ya que el mero hecho de tener dinero sin que podamos justificar su origen, es suficiente para entender que hemos cometido un delito de blanqueo de capitales.
  • También podemos estar hablando de la vulneración del principio “nom bis in ídem” ya que de siempre se ha admitido que los actos posteriores del delito que tienen como objeto asegurar el beneficio económico del mismo, siempre que no se lesione ningún bien jurídico diferente al vulnerado por ese hecho previo, ni aumente el daño producido al mismo, son actos posteriores copenados impunes (art. 8 regla 3ª CP)

En ese mismo año, 2010, se publicó la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta ley también supuso una eficaz herramienta contra la prevención del fraude y todo a costa de la pérdida de más garantías. Quizás la más importante, o por lo menos la que mayores controversias esta causando, es el secreto profesional. Esta ley impone la obligación de información de aquellas operaciones sospechosas que puedan dar lugar al delito de blanqueo de capitales, a abogados y procuradores. De esta obligación se exceptúan  las actuaciones que se lleven a cabo en defensa del cliente, en procedimientos judiciales.

Estas situaciones se justifican por el legislador, aludiendo al interés colectivo de erradicar la llamada criminalidad organizada y aquellos fraudes al sistema que su importancia, suponen un grave perjuicio a su buen funcionamiento. Si a esto le añadimos la fuerte situación de crisis en la que nos encontramos, obtenemos la aceptación de esta disminución de garantías por la Sociedad.

 

Sin comentarios | Leído 577 veces

Tu puedes enviar una respuesta, or trackback desde tu propio site.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *